Más de 60 profesionales se dieron cita el pasado viernes en una jornada técnica organizada por la Fundación Apoyos Cantabria y Plena inclusión Cantabria, con el apoyo de AMPROS, para analizar el impacto de la aplicación del nuevo baremo sobre las personas con discapacidad.

El encuentro, de carácter técnico, congregó a magistrados, jueces, fiscales, letrados de la administración, abogados, peritos médicos, forenses y profesionales de servicios sociales. El objetivo fundamental fue analizar en profundidad las implicaciones de este baremo de discapacidad y sus posibles repercusiones. Se puso de relieve la preocupación de que su aplicación pueda modificar la valoración de la discapacidad intelectual en algunos casos, afectando directamente al reconocimiento de derechos, prestaciones y el acceso a empleo.

La jornada comenzó con la exposición de Javier Zugasti, director del Centro de Valoración de la Discapacidad de Navarra y miembro de la Comisión de Discapacidad. Como experto en la concepción, implantación y desarrollo del baremo, Zugasti analizó su evolución desde los años 70 y la complejidad de su puesta en marcha, subrayando que la valoración debe ser individual y contextual: “la discapacidad se debe analizar en cada persona en función de su contexto, ante una misma discapacidad la valoración puede ser diferente en cada persona”.

A continuación, Eva Fernández, directora del Centro de Evaluación, Valoración y Orientación (EVO) del Gobierno de Cantabria, abordó cuestiones clave sobre la tramitación del expediente administrativo de reconocimiento de discapacidad.

El punto central fue la mesa redonda moderada por Elena Pérez, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y delegada de Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en Cantabria. En este debate participaron Carmen Arce (Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales), Óscar Ferrer (Magistrado del Juzgado de lo Social 4 de Santander) e Ignacio Rivero (Patrono de la Fundación de Apoyos Cantabria, Director de Recursos Humanos de Ampros y miembro de las Redes de Juristas de Plena inclusión y Liber). En él se analizaron el impacto, las propuestas y las estrategias de futuro desde perspectivas administrativas, jurídicas y con ejemplos reales de la afectación en la vida de las personas.

Esta nueva edición, celebrada en el centro Alisal de AMPROS, se suma a otras iniciativas previas impulsadas por la Fundación de Apoyos Cantabria y Plena inclusión Cantabria. Tal y como manifestó el presidente de la Fundación, Manuel García-Oliva, durante la apertura, se busca instaurar estos encuentros anuales como oportunidades de formación compartida y comunicación con los representantes del ámbito jurídico de nuestra región.